El Plan “Bush” contra Venezuela

Venezuela no solamente representa un problema político y de soberanía para los Estados Unidos, sino que además son los poseedores de los recursos energéticos de los cuales depende toda la economía estadounidense del mañana. Por tal razón, después de haber intentado todos los golpes de estado posibles e imaginables y habiendo fracaso cada vez, Washington trata la acción militar indirecta y utilizando Colombia para tal fin. En esta perspectiva, la administración Bush comienza a intoxicar la información mediática para justificar un conflicto

La hostilidad de la administración Bush hacia el gobierno venezolano ha marcado un nuevo hito, el 19 de enero de 2008, con las declaraciones del «zar antidroga» estadounidense John P. Walters. En efecto, durante una visita a Colombia, acusó al presidente Hugo Chávez de «haberse convertido en un gran facilitador del tráfico de cocaína hacia Europa y otras partes del hemisferio». Este nuevo ataque contra el más popular de los líderes latinoamericanos, lejos de ser gratuito, forma parte de la estrategia de satanización de la administración bolivariana orquestada por la Casa Blanca con el fin de justificar una acción más radical contra Venezuela. Ahora, Washington y Bogotá intentan vincular a Caracas con el narcotráfico internacional con el fin de empañar la imagen del presidente Chávez (1).

Ataques a Venezuela

Algunos días después, el 24 de enero de 2008, el ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, declaró que al menos tres jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) vivían en Venezuela, sin dar más detalles. Al mismo tiempo, el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, acusó al alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, de proporcionar armas a la guerrilla colombiana y más concretamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN), basándose en un vídeo que se reveló falso. Lejos de dar marchar atrás, incluso afirmó que el alcalde venezolano sería capturado y llevado a Colombia (2). Por su parte, Di Martino denunció «un montaje que revela el plan que tienen Estados Unidos [...] y el gobierno colombiano de desencadenar un proceso de desestabilización en la frontera venezolana» (3).

Los servicios de inteligencia colombianos también acusaron a Venezuela de abastecer de municiones a las FARC y al ELN, al compás de las declaraciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos (4). La oposición venezolana siguió la línea de Washington y Bogotá. Una ex responsable de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Mildred Camero, declaró que supuestos narcotraficantes estaban «protegidos por autoridades venezolanas y actuaban con absoluta libertad» (5).

El punto común de todas estas acusaciones es la carencia absoluta de pruebas o hechos concretos que apoyen las diversas declaraciones. El presidente Chávez denunció las maniobras colombianas y estadounidenses: «Yo alerto al mundo de lo siguiente: el imperio norteamericano está creando las condiciones para generar un conflicto armado entre Colombia y Venezuela», subrayó. «En menos de una semana vino el jefe de las fuerzas armadas del imperio a Colombia, [seguido por] el zar antidroga para decir que soy el 'gran facilitador' del narcotráfico», agregó, criticando al mismo tiempo las declaraciones de ministro de Defensa colombiano (6).

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, también puso en guardia a la comunidad internacional ante el peligro que representa la actual campaña destinada a vincular a Venezuela con el narcotráfico. «Estados Unidos está utilizando el territorio colombiano [...]. Es un país que está ocupado militarmente por Estados Unidos, para tratar de quebrar y romper este espacio que se está abriendo en América Latina», señaló. «Esperamos que el pueblo colombiano pueda frenar esta actitud de [su] gobierno [...] y que no cometa la locura de provocar un enfrentamiento» (7).

Álvaro Uribe y la Drug Enforcement Agency implicados en el narcotráfico

En realidad, el único alto dirigente que está implicado en el tráfico de drogas es el presidente colombiano Álvaro Uribe, como lo demuestra una fuente libre de toda sospecha: un informe de inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos de septiembre de 1991 que detalla las relaciones de Uribe con el cartel de Medellín y los paramilitares. Según ese documento confidencial, que da una lista de 104 «delincuentes, asesinos, traficantes y abogados sospechosos», tiene entre ellos a «Álvaro Uribe, un político y senador colombiano que colabora con el cartel de Medellín». El informe añade que «Uribe estuvo ligado a un negocio implicado en actividades de narcotráfico en Estados Unidos [...], ha trabajado para el cartel de Medellín y es amigo personal de Pablo Escobar Gaviria» (8).

Un memorándum elaborado por el abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos Thomas M. Kent, revela también que la Agencia de lucha contra la droga (Drug Enforcement Agency – DEA), que forma parte del Departamento de Justica, ha colaborado regularmente con los narcotraficantes colombianos y los paramilitares y que sus funcionarios son «agentes corruptos de la guerra contra la droga». Este documento es una acusación implacable contra la DEA y afirma, entre otras cosas, que numerosos funcionarios están al servicio de los narcotraficantes colombianos, que son cómplices en los asesinatos de informadores y están implicados directamente en las operaciones de lavado de dinero de los escuadrones de la muerte. El memorándum añade que los agentes corruptos gozan de la protección de las más altas instancias gubernamentales (9).

El memorándum de Kent, del 19 de diciembre de 2004, se basa en las declaraciones de agentes de la DEA en Florida, apartados del servicio por denunciar los casos de corrupción. Según el abogado estadounidense, dichos agentes han tenido que afrontar «enormes riesgos para sus carreras, su seguridad y la seguridad de sus familias» por revelar «los nombres de quienes estaban directamente involucrados en la actividad criminal en Bogotá y Estados Unidos» (10).

Según Kent, un agente de la DEA estuvo implicado en una actividad criminal por colaborar con los escuadrones de la muerte de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), responsable de varios miles de asesinatos. El memorándum expone «su implicación en el lavado de dinero para las AUC». Lejos de ser llevado ante la justicia, este agente fue ascendido y «ahora se ocupa de numerosas investigaciones de narcóticos y de lavado de dinero». El abogado afirma que los funcionarios del Departamento de Justicia archivaron el caso comprometedor. «En junio de 2004, la OPR [Office of Professional Responsability, que es una rama de la DEA] y la propia DEA […] pidieron al agente encargado del caso que les proporcionara toda la información [...]. Una semana después, la investigación sobre el lavado de dinero fue cerrada» (11).

El memorándum de Kent detalla también tres casos que implican a agentes de la DEA en Colombia. Los funcionarios en cuestión formaron parte de una conspiración para asesinar a informadores que confesaron. «Hicieron revelaciones asombrosas sobre agentes de la DEA en Bogotá. Afirmaron que los agentes los habían asistido en sus actividades de narcotráfico. Señalaron de manera específica que los agentes les proporcionaban información sobre las investigaciones y otras actividades en Colombia», escribió el abogado. Los agentes de Bogotá se reunieron después con el informador autor de la confesión. «Después de la reunión, fue asesinado», afirma el memorándum. «Otros informadores [...] que trabajaron con el grupo de la DEA en Florida también fueron asesinados. Cada asesinato estuvo precedido por una petición de identificación por parte de un agente de la DEA» (12).

Los agentes de la DEA en Bogotá también impidieron que varios informadores viajaran a Estados Unidos para testificar. Mientras estaban encargados de ocuparse de su viaje, los funcionarios de Bogotá procedieron a su detención. El memorándum enfatiza que «los informadores permanecieron detenidos durante nueve meses mientras llovían las acusaciones. Una vez que se pudo demostrar que los agentes de Bogotá mentían, los informadores fueron liberados. Uno de ellos fue secuestrado y asesinado en Bogotá, donde se escondía» (13).

Por otra parte, los agentes de la DEA en Colombia impidieron que un informador se reuniera con agentes que vinieron de Florida en el marco una investigación que les concernía. No escatimaron medios. «Un agente de Bogotá viajó a Washington y afirmó esta vez que el informador era pederasta. La investigación se clasificó. Se requirió al agente para que demostrara su información pero no pudo aportar ninguna prueba» (14).

La dudosa legitimidad moral de Washington y Bogotá

Las revelaciones del abogado Kent son abrumadoras tanto para Colombia como para Estados Unidos y ponen muy en duda su legitimidad moral para erigirse en jueces. En cuanto a Uribe, el informe del Departamento de Defensa es implacable contra él y demuestra su implicación en el crimen organizado y en el narcotráfico internacional.

Uribe no es el único mandatario de Colombia implicado en el tráfico de narcóticos. Un general del ejército colombiano retirado, Pauselino Latorre, ex jefe de los servicios de inteligencia, así como su sobrino Leobardo Latorre, ex fiscal de la unidad de antinarcóticos de la Fiscalía, fueron arrestados en enero de 2008 por lavado de dinero, por importe de un millón de dólares, y asociación con las mafias de la droga. Habían elaborado un sistema para enviar importantes cantidades de cocaína (diez toneladas al mes) no sólo a Estados Unidos sino también a Europa y África (15).

Una realidad diferente

Conviene recordar algunos elementos indispensables sobre la problemática del narcotráfico y arrojar luz sobre la campaña de desprestigio contra Venezuela que han lanzado Washington y Bogotá. En efecto, el mayor productor de cocaína y el consumidor más importante de esta sustancia en el mundo no es Venezuela, sino Colombia. Detrás, Estados Unidos sigue siendo el más importante consumidor de drogas del planeta y jamás ha actuado contra las instituciones financieras implicadas en el lavado de dinero procedente del narcotráfico (16).

La administración Bush intenta convencer al mundo de que Venezuela se está convirtiendo en el centro mundial del narcotráfico. El Departamento de Estado ubicó por tercer año consecutivo a Venezuela en la lista de países que han fracasado en la lucha contra el narcotráfico. No obstante, el informe mundial de las Naciones Unidas de 2007 sobre las drogas contradice estas afirmaciones:

«Se informa a menudo de que las remesas con destino a España pasan por Venezuela, Brasil y cierto número de otros países, incluidos Ecuador, República Dominicana, Argentina y, como nueva tendencia, México. Sin embargo, la tendencia principal en los últimos dos o tres años ha sido el envío de cocaína a África occidental, por lo general a las aguas situadas ante las costas de Cabo Verde, Guinea Bissau y las Islas Canarias, así como a diversos países del Golfo de Guinea, como Ghana, Costa de Marfil, Togo, Nigeria, y más hacia el oeste a Guinea, Sierra Leona y Liberia para su posterior entrega en Europa» (17).

Por otra parte, se reconoce la labor de Venezuela por su activa lucha contra el narcotráfico. Desde la ruptura de la colaboración con la DEA en 2005, las autoridades bolivarianas pasaron de 43,25 toneladas incautadas en 2004 a 77,52 toneladas en 2005. En Venezuela, la DEA fue responsable de actividades conspirativas y de espionaje a favor de la oposición golpista. La DEA también hizo burla en varias ocasiones de la legislación venezolana procediendo al arresto de varios individuos, competencia exclusiva de las autoridades del país. Caracas había denunciado «una flagrante violación de la soberanía nacional y una puesta en peligro de la seguridad y la defensa de la nación» (18).

Por fin, resulta difícil acusar a las autoridades venezolanas de laxitud o inmovilidad en la lucha contra el narcotráfico. En efecto, según la Oficina Nacional Antidrogas, en 2007, se incautaron 57 toneladas de drogas y 53 aviones en el territorio nacional. Se destruyeron trece laboratorios de producción de cocaína cerca de la frontera colombiana y 60 pistas de aterrizaje clandestinas. Además, se están desmantelando otras 126 pistas. Se incautaron más de 178 toneladas de sustancias químicas, así como 23 inmuebles, 25 embarcaciones, 18 aviones, 53 fincas y 106 vehículos utilizados en esta actividad criminal. Venezuela también procedió a la extradición de tres individuos hacia Colombia en marzo y abril de 2007, respondiendo favorablemente a una petición del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de este país. Un ciudadano estadounidense también fue deportado, después de una petición de Washington (19).

Venezuela ha invertido 480 millones de dólares en la instalación de radares que permiten controlar el espacio aéreo nacional y especialmente la frontera con Colombia. Más de 380 funcionarios de los servicios de seguridad del Estado dedican su tiempo a vigilar los eventuales tráficos ilegales y analizar imágenes satelitales para detectar los cultivos ilegales. En diciembre de 2007, se efectuaron al menos 14 vuelos de inspección sobre la zona fronteriza (20).

Las instituciones internacionales tales como las Naciones Unidas, pero también la Organización de Estados Americanos, alabaron los esfuerzos venezolanos en la lucha contra el narcotráfico, particularmente en cuanto a la utilización del «Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre el Consumo de Drogas», la aplicación de programas de prevención, la realización de investigaciones nacionales, la creación de un registro nacional de sustancias químicas que hay que controlar, la promulgación de la ley orgánica contra el crimen organizado, la erradicación sistemática de cultivos de drogas y la ratificación de varios convenios internacionales de lucha contra las drogas (21).

Así, el informe de 2007 de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) reconoce los esfuerzos realizados por Venezuela. Caracas también firmó 50 acuerdos bilaterales, con 37 países, relativos a la lucha contra el narcotráfico. La Oficina Nacional Antidroga recibió, por su eficacia, distinciones de la mayoría de los países de la región y también de naciones tales como España, Reino Unido o los Países Bajos (22).

El gobierno bolivariano también ha elaborado una estrategia nacional para luchar contra el narcotráfico construyendo tres aeropuertos en Maracaibo, Margarita y La Guaira, que serán los únicos puntos de entrada y salida para los aviones privados y permitirán así ejercer un mejor control del flujo aéreo. Se ha instalado un sistema de identificación (IFF) que permite seguir el rastro de los aviones que entran ilegalmente en el espacio aéreo del país. Se ha creado una red nacional antidroga que implica al conjunto de los servicios sociales de la nación. Finalmente, Caracas ha lanzado un innovador plan quinquenal (2008-2013) para mejorar la lucha contra el crimen organizado con un control más adecuado de las vías marítimas y aéreas (23).

Conviene recordar que Estados Unidos, que pretende abanderar una guerra mundial contra el tráfico de sustancias ilegales y que acusa Venezuela de falta de cooperación en este campo, impidió que el gobierno bolivariano adquiriera aviones españoles indispensables para la vigilancia de las fronteras, pues éstos contenían componentes estadounidenses. Washington también prohibió, por las mismas razones, que Brasil vendiera 24 aviones Tucanos a Caracas, que se iban a utilizar en la lucha contra el narcotráfico. Por fin, la administración Bush decidió retirar dos radares de vigilancia que se encontraban en suelo venezolano (24).

La doble moral de Washington y las amenazas de Bogotá

Como se puede constar fácilmente, la Casa Blanca no tiene ninguna autoridad moral para estigmatizar a Venezuela en la cuestión de la lucha contra la droga. La credibilidad de Washington deja mucho que desear y por eso las llamadas del Departamento de Estado y su portavoz, Thomas A. Shannon, para retomar el diálogo sobre este asunto no pueden ser tomadas en serio (25).

Además, Caracas jamás ha ninguna mostrado ambigüedad con respecto a este asunto, al contrario, ha sido muy clara: «El narcotráfico es una actividad criminal de consecuencias inmorales y trágicas. Aporta millones de dólares a los carteles de la droga, pero destruye física y moralmente a millones de seres humanos que pueblan la tierra. La lucha contra el narcotráfico es una obligación ética» (26).

Hugo Chávez reiteró su advertencia ante una eventual ofensiva colombiana contra Venezuela. Los servicios de inteligencia de los países de la región confirmaron sus sospechas (27). El presidente anunció que las fuerzas armadas estaban en estado de alerta pues «es posible que Colombia se preste a una acción militar contra Venezuela pero se arrepentiría por cien años» (28) «Yo acuso al gobierno de Colombia de conspirar, actuando como una marioneta del imperio norteamericano, y de planificar una provocación militar contra Venezuela» (29). Por su parte, Washington negó semejante posibilidad (30).

Durante una reunión con los familiares de los rehenes colombianos, el canciller venezolano Nicolás Maduro reiteró su deseo de mantener relaciones cordiales y pacíficas con Colombia y brindó modestamente su contribución a favor de la liberación de todos los secuestrados y de la paz. Por cierto, las FARC acaban de anunciar la liberación unilateral de otras tres personas (31).

La campaña de desinformación que ha lanzado la Casa Blanca y que Bogotá ha secundado, no tiene otro objetivo que empañar la imagen del gobierno venezolano. En efecto, Washington no acepta ver a una nación del subcontinente librarse de su tutela y reivindicar su independencia.

Notas

(1) The Associated Press, «Venezuela rechaza acusación de zar antidrogas de EEUU», 21 de enero de 2008.

(2) Agencia Bolivariana de Noticias, «EEUU crea condiciones para generar conflicto entre Venezuela y Colombia», 26 de enero de 2008.

(3) Agencia Bolivariana de Noticias, «Di Martino: El vídeo es un montaje», 26 de enero de 2008.

(4) Gonzalo Guillén, «Acusan a Chávez de suministrar balas a las FARC y el ELN», El Nuevo Herald, 21 de enero de 2008.

(5) The Associated Press / El Nuevo Herald, «Ex jefa antidrogas denuncia apoyo a narcos en Venezuela», 4 de febrero de 2008. Ver también The Associated Press / El Nuevo Herald, «Denuncian protección de narcos en Venezuela», 3 de febrero de 2008.

(6) The Associated Press / El Nuevo Herald, «Chávez: EEUU propicia conflicto armado Colombia-Venezuela», 26 de enero de 2008.

(7) Ibid.

(8) Agencia Bolivariana de Noticias, «EEUU conoce vínculos del presidente de Colombia con el narcotráfico y el paramilitarismo», 23 de enero de 2008.

(9) Agencia Bolivariana de Noticias, «DEA colabora con narcos y paramilitares en Colombia», 25 de enero de 2008.

(10) Bill Conroy, «Leaked Memo: Corrupt DEA Agents in Colombia Helps Narcos and Paramilitaries. Internal Justice Dept. Document Alleges Drug Trafficking Links, Money Laudering and Conspiracy to Murder», The Narco News Bulletin, 9 de enero de 2006. http://www.narconews.com/docs/ThomasKentMemo.pdf (sitio consultado el 10 de febrero de 2008).

(11) Ibid.

(12) Ibid.

(13) Ibid.

(14) Ibid.

(15) Agencia Bolivariana de Noticias, «General y ex fiscal colombianos arrestados por pertenecer a mafia de la droga», 25 de enero de 2008.

(16) Agencia Bolivariana de Noticias, «Discurso del Embajador Jorge Valero, viceministro para América del Norte y Asuntos Multilaterales y Representante permanente de Venezuela, ante el Consejo Permanente de la OEA», 23 de enero de 2008.

(17) Oficina contra la Droga y el Delito, 2007, Informe Mundial sobre las Drogas, Naciones Unidas, 2007, p. 81. http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2007/WDR%202007_Spanish_web.pdf (sitio consultado el 10 de febrero de 2008).

(18) Agencia Bolivariana de Noticias, «Discurso del Embajador Jorge Valero, Viceministro para América del Norte y Asuntos Multilaterales y Representante Permanente de Venezuela, ante el Consejo Permanente de la OEA», op. cit.

(19) Ibid.